MADRID. Para los que no entiendan el término «okupas»son personas que se instala en una vivienda o local deshabitado, sin tener derecho a ello según la legalidad vigente.
Los okupas en los últimos años han causado muchos estragos en toda España. Al punto que la gente a creado grupos privados para desocupar viviendas que han tomado personas de forma ilegal. Hoy a ocurrido el mayor acto de la policía contra los okupas en toda España.
Un bloque de 60 viviendas que estaban okupadas por unas 300 personas -180 de ellas menores- ha sido desalojado desde primera hora de este viernes (6:30 am) en la localidad madrileña de Alcobendas.
El edificio, situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero, estaba completamente okupado, según fuentes municipales, que han explicado que, al parecer, solo los vecinos de dos de las casas pagaban el alquiler. Furgones de la Policía Nacional han llegado desde las 6.30 horas al inmueble y han comenzado a llamar a los pisos para que los ocupantes los desalojaran. Las familias ya estaban avisadas de que en estos días se iba a producir el desalojo, por lo que ya tenían preparadas maletas y mochilas con sus enseres. Según ha podido comprobar EFE, en las inmediaciones del edificio hay muchos vecinos, incluso con niños pequeños, y en algunos casos increpan a los policías cuando se cruzan con ellos, aunque no se han registrado incidentes reseñables.
Para agilizar los desalojos se han cortado al tráfico dos manzanas y en el lugar permanecen también varias unidades de Protección Civil por si hubiera que atender alguna incidencia; de hecho, una de las vecinas desalojadas ha sufrido un desvanecimiento. Según fuentes municipales y de las personas que ocupaban el inmueble, entre los habitantes del mismo había unos 180 menores; los vecinos han explicado que todos los pisos estaban habitados puesto que en cuanto uno quedaba vacío era inmediatamente okupado.
Los desalojados se han quejado de la «violencia policial» con la que se ha producido el desahucio, ya que dicen que los agentes han entrado «por la fuerza» rompiendo puertas y que les han tratado «como a perros». José Manuel Barroso, abogado de los propietarios del inmueble, ha explicado que el edificio era de pisos de alquiler.
Por un lado podría ser algo en contraste pero la realidad es que es una ilegalidad y hay que respetar la propiedad privada. También el gobierno tiene que hacer mejorías en el desarrollo de la vivienda para todos.
Veremos cómo termina esta historia que al parecer comienza ahora.
La Voz 
Debe estar conectado para enviar un comentario.